El Gobierno ingresó un proyecto de ley que combina medidas de reconstrucción, reactivación económica y fortalecimiento del empleo, con un foco relevante en la Región del Biobío, una de las zonas más afectadas por los incendios forestales del 17 y 18 de enero de 2026. La iniciativa recoge diagnósticos levantados por autoridades sectoriales y servicios públicos tras la emergencia, que impactó con fuerza a comunas como Concepción, Penco, Tomé, Florida y Los Ángeles.
Reconstrucción: financiamiento y aceleración de obras
Uno de los pilares del proyecto es la ampliación del Fondo de Emergencia Transitorio (FET) por incendios, que ahora incluye explícitamente a la Región del Biobío y extiende su vigencia hasta 2028. El fondo incrementa su marco presupuestario hasta $1,2 billones, con un énfasis directo en la recuperación habitacional.
En el caso regional, se proyecta financiar la reconstrucción de 4.102 viviendas destruidas por la emergencia, una de las cifras más significativas del paquete de medidas. Este punto ha sido destacado en el debate público como clave para acelerar el retorno a condiciones de normalidad en las zonas afectadas. A ello se suma la implementación de un procedimiento abreviado para proyectos de infraestructura, que permitirá reducir los tiempos de evaluación y ejecución de iniciativas impulsadas por el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Educación. La medida busca destrabar obras críticas en conectividad y establecimientos educacionales dañados.
Empleo: incentivo directo a la contratación formal como uno de los focos a nivel nacional de la propuesta
La iniciativa pone un fuerte énfasis en el empleo, con la creación de un nuevo crédito tributario orientado a fomentar la contratación formal. Este instrumento busca enfrentar la informalidad laboral —identificada como uno de los principales problemas estructurales del mercado del trabajo— mediante una reducción directa de los costos de contratación.
El beneficio corresponde a un 15% de la remuneración bruta para trabajadores con sueldos de hasta 7,8 UTM, disminuyendo progresivamente hasta desaparecer en rentas de 12 UTM. Según estimaciones del Ejecutivo, la medida podría beneficiar a más de 4 millones de trabajadores y cerca de 270 mil contribuyentes, en su mayoría pequeñas y medianas empresas.
El diseño del crédito permite imputarlo contra pagos mensuales de impuestos, lo que se traduce en mayor liquidez inmediata para las empresas, un punto que economistas y actores del sector productivo han destacado como clave para incentivar nuevas contrataciones.
El proyecto también introduce cambios en la Ley de Rentas Municipales, incorporando a Biobío dentro de las regiones que podrán aplicar exenciones y medidas especiales. Este mecanismo, que hasta ahora solo estaba disponible en la Región de Valparaíso, apunta a aliviar la carga económica en territorios golpeados por emergencias, tanto para municipios como para contribuyentes locales.
Otro eje del proyecto es la reformulación del sistema de capacitación laboral. En reemplazo de la franquicia tributaria asociada al SENCE, el foco estará en programas de nivelación de estudios, priorizando habilidades básicas como lectoescritura y aritmética, especialmente en trabajadores que han visto deterioradas estas competencias.
Finalmente, el proyecto se articula con medidas de reactivación económica más amplias, como la reducción gradual del impuesto corporativo al 23% y la agilización de permisos para inversión, acciones buscan dinamizar sectores intensivos en empleo, como la construcción, que ha enfrentado una fuerte contracción con la pérdida de cerca de 180 mil puestos de trabajo a nivel nacional.
En el caso del Biobío, la combinación de reconstrucción, alivio tributario y estímulo al empleo posiciona a la región como una de las principales destinatarias del proyecto. La magnitud de los daños provocados por los incendios y su impacto en la actividad económica local explican el énfasis de las medidas, que apuntan tanto a la recuperación inmediata como a la reactivación de mediano plazo.
Por: MASDIGALMEDIOS.
