La abrupta salida de la constructora española TAPUSA de diversos proyectos de infraestructura en la Región del Biobío no sólo dejó obras inconclusas, retrasos y millonarias pérdidas económicas. También abrió una discusión necesaria sobre la forma en que Chile gestiona, supervisa y protege la ejecución de proyectos públicos estratégicos.
El caso alcanzó notoriedad nacional luego de que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo decidiera poner término anticipado a contratos que superaban los $53 mil millones, correspondientes a obras emblemáticas para la conectividad del Gran Concepción, entre ellas el Eje Colón, el Puente Perales y el Puente Esmeralda.
Las faenas comenzaron a mostrar signos de deterioro durante los primeros meses del año. Posteriormente se constató la paralización de obras, el retiro de maquinaria y la ausencia de trabajadores en terreno. A ello se sumó la incapacidad de la empresa para presentar un plan que permitiera reactivar los proyectos, situación que derivó en la ejecución de garantías y el inicio de acciones legales por parte de las autoridades.
Sin embargo, más allá de las responsabilidades que determinen los tribunales o los organismos fiscalizadores, el caso deja lecciones que trascienden a una sola empresa y que debieran ser observadas por todo el ecosistema de infraestructura pública del país.
Primera lección: la capacidad financiera importa tanto como la experiencia técnica
Tradicionalmente, los procesos de licitación han puesto gran énfasis en la experiencia técnica de las empresas y en su capacidad para ejecutar obras de gran complejidad. Sin embargo, el caso TAPUSA demuestra que una empresa puede contar con experiencia internacional y aun así enfrentar dificultades que terminen comprometiendo la continuidad de los proyectos.
La principal enseñanza es que la evaluación financiera debe transformarse en un elemento tan relevante como la capacidad técnica. No basta con adjudicar una obra; también es necesario garantizar que la empresa tenga la solvencia suficiente para sostenerla durante todo su desarrollo.
Segunda lección: los sistemas de alerta temprana deben fortalecerse
Las crisis empresariales rara vez ocurren de un día para otro. Retrasos reiterados, disminución del ritmo de trabajo, conflictos con proveedores, problemas de pago o incumplimientos operativos suelen ser señales que aparecen con anticipación. Por ello, una de las principales reflexiones que deja este caso es la necesidad de fortalecer mecanismos que permitan identificar riesgos antes de que una obra llegue al punto de paralizarse completamente.
La supervisión moderna ya no puede limitarse a revisar avances físicos de construcción; también debe incorporar monitoreo financiero y operacional permanente.
Tercera lección: proteger a las empresas proveedoras es proteger el desarrollo regional
Las grandes obras públicas movilizan una extensa red de empresas locales. Transportistas, proveedores de materiales, contratistas especializados, servicios de alimentación, seguridad y logística forman parte de una cadena productiva que depende directamente de la continuidad de los proyectos.
Cuando una empresa principal abandona una obra, el impacto económico se distribuye por toda esa red. Por ello, el país debe avanzar hacia mecanismos que permitan reducir la exposición de las pequeñas y medianas empresas frente a este tipo de contingencias, ya sea mediante garantías, seguros o sistemas de protección para pagos pendientes.
Cuarta lección: las obras públicas son también proyectos de confianza
La infraestructura no sólo conecta territorios; también construye confianza. Cada vez que una carretera, un puente o una obra urbana se retrasa o queda inconclusa, la ciudadanía percibe que las instituciones no están respondiendo a las expectativas generadas.
La confianza pública es un activo estratégico que tarda años en construirse y puede deteriorarse rápidamente cuando proyectos altamente visibles terminan envueltos en conflictos administrativos o financieros.
Quinta lección: la gestión de riesgos debe convertirse en una prioridad nacional
Chile ha desarrollado importantes capacidades técnicas para diseñar y ejecutar infraestructura pública. Sin embargo, el escenario actual exige incorporar una mirada más amplia, donde los riesgos financieros, operacionales, contractuales y reputacionales sean gestionados desde el inicio de cada proyecto.
La pregunta ya no debe ser únicamente quién construirá una obra, sino también qué tan preparada está esa organización para enfrentar escenarios complejos sin poner en riesgo la continuidad de los trabajos.
Una oportunidad para aprender
El caso TAPUSA representa uno de los episodios más complejos que ha enfrentado la infraestructura pública reciente en la Región del Biobío. Pero también puede transformarse en una oportunidad para revisar procesos, fortalecer controles y mejorar los mecanismos de protección para todos los actores involucrados.
La verdadera lección no está únicamente en entender por qué una empresa abandonó obras millonarias. Está en comprender cómo evitar que una situación similar vuelva a afectar a trabajadores, proveedores, municipios y comunidades que dependen de proyectos que son fundamentales para el desarrollo de sus territorios.
Porque cuando una gran obra se detiene, no sólo se paraliza el hormigón o la maquinaria. También se frenan oportunidades, inversiones, empleos y la confianza de cientos de empresas que apuestan diariamente por el crecimiento de sus regiones. Y son precisamente esas empresas, muchas veces invisibles en la discusión pública, las que terminan pagando el costo más alto de una crisis que nunca provocaron.
Por: Equipo MASDIGITALMEDIOS
