Hablar de crisis en Chile es hablar de resiliencia. Y pocas instituciones encarnan esa resiliencia mejor que las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs). En ASEM Biobío, agrupamos a más de 200 empresas de distintas áreas: desde la construcción hasta los servicios, pasando por el comercio, la logística, la industria y múltiples actividades productivas. Esa diversidad refleja lo que son las PYMEs: un sector amplio, dinámico y profundamente arraigado en la vida regional, que sostiene empleo, abastecimiento y cohesión social en cada comuna.
La Encuesta Pymes Biobío 2024, que realizamos junto a Desarrolla Biobío y nuestros socios, lo confirma. El 81% de las pymes reporta dificultades para acceder a financiamiento, ya sea por trabas bancarias o por debilidades internas en gestión financiera. El 91% declara problemas para desarrollar planificación estratégica, principalmente por falta de capacitación y estructuras organizativas. Y el 64 % sufre obstáculos para que se les pague en 30 días, a pesar de la existencia de una ley que así lo exige. Estas cifras muestran que no estamos frente a una minoría, sino ante un problema estructural que amenaza la competitividad regional.
A esto se suman los nuevos desafíos normativos: la Ley de 40 horas, que exige una reorganización de turnos y cargas laborales en empresas pequeñas; el aumento del salario mínimo, que en los últimos años ha tenido reajustes importantes y que seguirá aumentando. Aunque es justo mejorar el ingreso de los trabajadores, el Estado no puede ignorar que para las PYMEs cada reajuste significa un costo adicional que impacta directamente en su flujo de caja, a esto sumarle la reforma de pensiones con cargo al empleador que deben pagar un 1% adicional de cotización y que se incrementará progresivamente hasta el 7% en 2033. Mientras las grandes empresas tienen espalda financiera y capacidad de absorber esos aumentos, las pymes deben ajustar turnos, reducir márgenes e incluso frenar contrataciones.
Nadie discute la importancia de estas normas para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y fortalecer el tejido social, pero debemos ser claros: para las PYMEs, que ya operan con márgenes estrechos, estos ajustes implican costos significativos de tiempo, dinero y gestión.
Nuestro llamado es doble. Primero, a las autoridades: necesitamos políticas públicas que comprendan esta realidad, que apoyen a las PYMEs en la transición hacia estas nuevas exigencias sin comprometer su viabilidad. Y segundo, que los instrumentos como subsidios, incentivos al empleo y programas de productividad lleguen efectivamente a la mayoría de las PYMEs y no a un porcentaje menor. Más allá de la coyuntura, este país no se sostiene en las torres corporativas ni en las cifras del PIB, sino en las empresas que abren todos los días, que pagan sueldos en las comunas y que resisten, incluso cuando no se cumple la ley de pago a 30 días.
Si queremos un Chile resiliente y justo, debemos garantizar que las PYMEs no solo sobrevivan a la crisis, sino que encuentren espacio para crecer, innovar y seguir generando oportunidades para todos.
Humberto Miguel, Presidente de ASEM Biobío.
