Las cifras de cesantía, los índices de vulnerabilidad escolar y las investigaciones sobre recursos destinados a la alimentación de estudiantes parecen temas distintos. Sin embargo, todos convergen en una misma realidad: la de miles de niños y madres que enfrentan día a día el desafío de construir un futuro con menos oportunidades y más incertidumbre.
Esta semana conocimos dos noticias que merecen nuestra atención: La primera es que la Región del Biobío continúa entre las regiones con mayores niveles de desempleo del país. La tasa de desocupación alcanzó el 9,8%, mientras que el desempleo femenino llegó al 11,5%. Detrás de esos números existen miles de personas buscando una oportunidad laboral y miles de familias intentando sostener su calidad de vida en un contexto económico complejo.
La segunda noticia fue la investigación por un presunto fraude superior a los $14 mil millones en recursos de alimentación escolar de JUNAEB en la Región de O’Higgins. Aunque los hechos investigados no corresponden al Biobío, el caso abrió una discusión nacional sobre la importancia de resguardar adecuadamente los recursos destinados a los estudiantes más vulnerables.
A simple vista, ambos temas parecen no estar relacionados. Pero basta observar la realidad de muchas familias para comprender que forman parte de una misma historia.
En la Región del Biobío existen comunas que históricamente presentan altos niveles de vulnerabilidad escolar. El Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) nos recuerda que miles de estudiantes enfrentan condiciones que dificultan su desarrollo pleno, ya sea por limitaciones económicas, condiciones de vivienda, acceso a servicios o falta de oportunidades.
A nivel nacional, UNICEF advierte que el 18,4% de los niños, niñas y adolescentes vive en situación de pobreza multidimensional. Además, más de 1,2 millones de niños enfrentan dos o más privaciones simultáneas relacionadas con aspectos tan esenciales como alimentación, educación, salud, vivienda o acceso a oportunidades. Estas cifras nos obligan a mirar más allá de los indicadores económicos.
Cuando una madre pierde su empleo, no solo disminuyen los ingresos del hogar. Muchas veces comienzan a aparecer otras dificultades: se posterga una atención médica, se reducen gastos en alimentación, se limita la participación en actividades escolares o deportivas y aumenta la incertidumbre respecto del futuro. Las madres suelen ser quienes absorben el mayor impacto de estas situaciones. Son ellas quienes reorganizan el presupuesto familiar, buscan nuevas fuentes de ingreso, acompañan los procesos educativos de sus hijos y sostienen emocionalmente a sus familias en tiempos difíciles.
Por eso, cuando hablamos de desempleo, no estamos hablando únicamente de economía. Estamos hablando de bienestar infantil. Y cuando hablamos de programas de alimentación escolar, tampoco estamos hablando solamente de contratos o recursos públicos. Estamos hablando de herramientas concretas que permiten a miles de niños asistir a clases en mejores condiciones, aprender, desarrollarse y proyectar un futuro distinto.
El caso que hoy se investiga en O’Higgins deberá seguir su curso institucional y serán los organismos competentes quienes determinen responsabilidades. Sin embargo, la situación plantea una pregunta legítima para todo el país: ¿Estamos protegiendo adecuadamente los recursos destinados a la infancia?
La respuesta importa especialmente en regiones como Biobío, donde la vulnerabilidad escolar y el desempleo conviven en muchos territorios. Porque cuando los sistemas de apoyo funcionan, ayudan a reducir brechas. Pero cuando fallan, quienes pagan el costo suelen ser los mismos de siempre: los niños más vulnerables y las familias con menos capacidad para enfrentar nuevas dificultades.
Quizás por eso el desafío más importante no sea solo generar más empleo o fortalecer los mecanismos de control. El verdadero desafío es comprender que detrás de cada política pública existen personas reales.
Porque cuando hablamos de desempleo, hablamos de madres. Cuando hablamos de alimentación escolar, hablamos de niños. Cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos del futuro de nuestra región.
Las economías pueden recuperarse. Los presupuestos pueden ajustarse. Los programas pueden corregirse. Pero las oportunidades perdidas durante la infancia difícilmente regresan.
Y esa es una realidad que no deberíamos olvidar al momento de discutir las prioridades de nuestro país.
Por: Claudia De La Cruz / Ingeniera Comercial y Gerenta de Marketing Clínica Hunza
